En el marco de una reestructuración integral del sistema de reciclado urbano, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resolvió poner fin a un régimen que beneficiaba a un sector específico de cooperativas de recuperadores urbanos. La medida alcanza al traslado diario de trabajadores desde la Provincia hacia el territorio porteño, beneficio que era financiado íntegramente por el Estado local.
La decisión, informada por las autoridades porteñas a través de un comunicado oficial en buenosaires.gob.ar, afecta a unas 3.100 personas vinculadas a las cooperativas Amanecer de los Cartoneros, Madreselvas, Recuperadores Urbanos del Oeste y Cartonera del Sur. Estas organizaciones, según el informe, mantienen lazos con el dirigente social Juan Grabois.
“Desde el Gobierno de la Ciudad decidimos terminar con el financiamiento del traslado diario de cartoneros de cooperativas vinculadas a Juan Grabois que venían desde el conurbano. Estamos desarmando un sistema que, lejos de dar soluciones, se volvió parte del problema”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, al anunciar la medida.
El sistema formal de reciclado de la Ciudad está conformado por más de 6.000 recuperadores urbanos distribuidos en 12 cooperativas, quienes recorren los barrios porteños recolectando y clasificando materiales reciclables. Sin embargo, solo un grupo reducido —la mitad aproximadamente— accedía al beneficio de transporte gratuito desde distintos puntos de la Provincia, mientras que el resto asumía ese costo de manera individual.
Los fondos destinados hasta ahora al traslado de este grupo ascendían a unos 6.000 millones de pesos anuales. Según las autoridades, esos recursos serán redirigidos hacia obras y mejoras del sistema: se prevén inversiones en infraestructura para los Centros Verdes, expansión de las rutas de recolección y un refuerzo en la capacidad operativa general del servicio.
La opinión del MTE
La medida despertó críticas entre los sectores afectados. Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), organización vinculada a las cooperativas alcanzadas por la resolución, manifestaron su rechazo a través de sus redes sociales. En una publicación en su cuenta oficial de Instagram (@mteargentina), denunciaron, tras arrobar a Jorge Macri: “Nos reduce el salario un 20% y saca el transporte a los cartoneros que ganamos $390 mil y ahora tenemos que costear el traslado cobrando una miseria, mientras los precios de los materiales caen por la apertura de importaciones. Además, persiguen y meten presos a los cartoneros independientes, y nos quitan el derecho a espacios de cuidado de nuestros hijos mientras trabajamos”. El pronunciamiento refleja el malestar del sector frente a una medida que consideran regresiva y perjudicial para sus condiciones laborales.
El ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, por su parte, defendió la iniciativa como parte de una transformación estructural: “El esfuerzo del Estado —que es el de todos los vecinos— debe traducirse en mejoras reales para el sistema de reciclado, no en beneficios discrecionales”, afirmó. Según Baistrocchi –cuyas declaraciones también fueron difundidas a través del comunicado del GCBA, el nuevo esquema busca generar equidad y eficiencia, unificando condiciones para todos los trabajadores del sector.
Este ajuste forma parte de una política más amplia para transparentar y eficientizar el sistema de reciclaje porteño. Entre las reformas recientes se destaca la eliminación de la intermediación en los pagos: desde fines de 2024, más de 2.000 recicladores dejaron de cobrar a través de sus cooperativas y comenzaron a recibir sus ingresos directamente en cuentas personales del Banco Ciudad. Hoy, el 100% de los trabajadores del sistema está bancarizado.
Además, se incorporó un sistema de control de asistencia mediante dispositivos biométricos en los Centros Verdes y predios logísticos, con el objetivo de garantizar que los pagos se dirijan exclusivamente a quienes cumplen efectivamente con sus tareas. En su primer mes de implementación, este mecanismo provocó un aumento del 45% en los descuentos por ausencias injustificadas.
Otra de las acciones destacadas es el refuerzo de rutas de recolección en zonas con alta generación de residuos reciclables, lo que permite ampliar la cobertura del servicio sin aumentar los costos operativos.
Desde el Gobierno porteño sostienen que estas decisiones responden a la necesidad de construir un sistema sustentable, equitativo y eficiente. El objetivo declarado es asegurar que todos los trabajadores del reciclado urbano cuenten con las mismas condiciones y obligaciones, sin distinciones arbitrarias ni tratamientos preferenciales.
Con esta batería de medidas, la Ciudad busca consolidar un modelo que no solo mejore la calidad del servicio ambiental, sino que también fortalezca la rendición de cuentas en el uso de fondos públicos. Se trata, según destacan las autoridades, de pasar de un esquema opaco y desigual a uno ordenado, trazable y justo para todos los actores involucrados.
Foto: GCBA.
