Durante varios meses, la Ciudad de Buenos Aires se convirtió en centro de críticas debido a reiteradas fugas de presos de comisarías porteñas. El GCBA se defendió indicando que las seccionales ubicadas en suelo capitalino se hallan colapsadas de detenidos que deberían estar en cárceles federales. En ese marco, comenzó a tomar forma la habilitación de una unidad penal en la localidad bonaerense de Marcos Paz, a la cual derivarían a gran cantidad de los presos de las comisarías de CABA.
En relación a la misma problemática, aún sin que dicha vinculación sea directa, en la Legislatura se está trabajando en un proyecto de ley cuyo objetivo es el de crear un servicio penitenciario exclusivamente porteño. Hace pocas horas, en el Palacio Legislativo, se produjo una reunión a propósito de esta cuestión.
De acuerdo a un comunicado de Prensa y Difusión de la Legislatura, avanza el debate sobre el futuro sistema penitenciario porteño. En el marco del análisis de una iniciativa clave para la Ciudad de Buenos Aires, las comisiones de Justicia, Seguridad, Legislación del Trabajo y Asuntos Constitucionales volvieron a reunirse de manera conjunta para continuar el tratamiento del proyecto de ley que establece la creación y regulación del nuevo Sistema Penitenciario porteño. Durante el encuentro, se retomaron debates fundamentales en torno a la ejecución penal y el marco legal que regirá el funcionamiento de dicho sistema, indicó el informe, agregando que este artículo se elaboró exclusivamente a partir de información brindada por la Dirección General de Prensa y Difusión de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La reunión fue encabezada por las y los titulares de las respectivas comisiones: Inés Parry (Justicia), Gimena Villafruela (Seguridad), Matías Barroetaveña (Legislación del Trabajo) y Hernán Reyes (Asuntos Constitucionales). Participó como invitado el subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Leandro Halperín, quien presentó a los legisladores los principales lineamientos de los capítulos relacionados con la ejecución de penas. Entre los temas tratados, se destacaron la finalidad de la normativa, su campo de aplicación, las competencias judiciales involucradas, el papel de la víctima y el abordaje individualizado de las personas privadas de libertad.
Uno de los aspectos más relevantes fue el debate sobre el rol de las víctimas en el proceso penal. En sintonía con lo estipulado por la Ley 6115, se resaltó la necesidad de garantizar su derecho a ser informadas y escuchadas. Asimismo, se plantearon alternativas reparatorias que no necesariamente impliquen la privación de la libertad, y se discutió el impacto de incorporar herramientas de justicia restaurativa, punto sobre el cual persisten distintas posturas entre los proyectos en análisis.
Durante el debate también se abordó el concepto de “plan de vida” para personas condenadas, una iniciativa que va más allá del tradicional esquema de actividades penitenciarias. Esta propuesta apunta a diseñar un programa personalizado que contemple los derechos, antecedentes y necesidades de cada individuo, incluyendo aquellos que cumplen condenas condicionales o sin encierro. Se sugirió que este plan podría ser ejecutado por organizaciones de la sociedad civil, en articulación con universidades, cooperativas y empresas del ámbito privado, con el objetivo de garantizar la continuidad de las acciones una vez finalizada la pena y facilitar la verdadera reintegración social.
En otro orden, se debatió la inclusión de personas detenidas sin condena en actividades educativas, laborales y culturales dentro del sistema. El propósito de esta medida, según el comunicado, sería evitar tiempos ociosos durante la detención preventiva. Sin embargo, se subrayó la importancia de asegurar la separación física entre procesados y condenados, en línea con estándares internacionales de derechos humanos.
Uno de los puntos estructurales discutidos fue la cuestión edilicia: debido a que la Ciudad aún no cuenta con instituciones penitenciarias propias, se está negociando un acuerdo con el Gobierno Nacional para utilizar inmuebles ya existentes. El objetivo es que, aun cuando el alojamiento de personas se realice fuera del territorio porteño, se apliquen las normas y políticas públicas establecidas por la Ciudad de Buenos Aires.
Finalmente, se remarcó que el trabajo sobre este proyecto continuará en las respectivas comisiones, con el propósito de alcanzar un consenso legislativo amplio que permita su aprobación definitiva en el recinto, cerró el informe.
Foto: un momento de la reunión donde se trató el futuro sistema penitenciario porteño (legislatura.gob.ar).
