El 27 de diciembre, se llevó a cabo una movilización a Tribunales de Plaza Lavalle, en protesta por el DNU que el Presidente de la Nación difundió pocos días después de su asunción. Hace algunas horas, se supo que el Ministerio de Seguridad de la Nación, reclama una suma millonaria a las organizaciones que marcharon por la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de exteriorizar su malestar por las medidas de gobierno que pretende poner en práctica Javier Milei. El reclamo económico se suma a lo reclamado por la manifestación que se realizó en conmemoración del aniversario de los sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001.
La titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, fundamentó la intimación en función del costo del operativo policial, y en que durante las mencionadas concentraciones, algunas arterias porteñas debieron se interrumpidas al tránsito. De acuerdo al texto enviado por el Ministerio al Sindicato de Camioneros, el operativo policial se efectuó para “hacer cesar los actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden público”.
Una vez conocida esta intención, la misma fue rechazada por los manifestantes.
En esa línea, la Confederación General del Trabajo, emitió un comunicado mediante el cual se concluye que la intimación de pago por parte del gobierno nacional, no será tenida en cuenta. Publicada en la red X (@cgtoficialOK), la nota que lo da a conocer es la siguiente:
“Frente a la información brindada por diversos medios de comunicación señalando que el Ministerio de Seguridad de la Nación ha requerido a diversas organizaciones gremiales y sociales, entre las que se encuentran un conjunto de organizaciones afiliadas, el pago de una suma millonaria para afrontar los supuestos costos en los que el Estado Nacional habría incurrido el día 27 de diciembre con motivo del operativo de seguridad en la zona de Tribunales, la Confederación General del Trabajo manifiesta su profunda preocupación, en los que entendemos, es una nueva provocación del Poder Ejecutivo.
El comunicado se titula “El Gobierno no va a condicionar al movimiento obrero organizado”. En el próximo tramo del mismo, la CGT sostiene:
“Esta afrenta ilegítima y contraria a la Constitución Nacional, que expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento ante el menosprecio de normas laborales individuales y colectivas inspiradas en la justicia social, no condicionará al movimiento obrero organizado. La Confederación General del Trabajo no representa los intereses de ‘una casta’, pero sí de trabajadores y trabajadores de nuestro país que, en una sociedad democrática y conforme a la Constitución Nacional, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho de manifestación y de huelga”.
Por su parte, el Ministerio encabezado por Patricia Bullrich advirtió que en caso de no acatar el desembolso exigido, se iniciarán acciones legales.
Foto: la movilización frente al Palacio de Tribunales (cadena3.com).
